La paralización del sector de las energías renovables supondría que en el horizonte 2015 se dejarían de instalar en la región más de 81 megavatios de energía solar fotovoltaica; 200 megavatios de solar termoeléctrica; 550 megavatios de energía eólica; y 75 megavatios de biomasa, cogeneración y biogás.
Esto se traduce en una inversión a sólo 3 años vista de aproximadamente 5.000 millones de euros, más de 12.000 empleos en la fase de construcción de las centrales y más de 1.700 puestos de trabajo durante su vida útil.
Son datos aportados esta mañana en la Asamblea por el consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Energía y Medio Ambiente, José Antonio Echávarri, que muestra la rotunda oposición de la Junta al real decreto elaborado por el Gobierno y que paraliza las ayudas a las energías renovables, "un sector estratégico para el presente y futuro de Extremadura, y por el que apostamos de forma decidida", recalca durante su intervención a petición propia para explicar la posición del Ejecutivo autonómico sobre este asunto.
Por ello, el Gobierno extremeño reclama en una enmienda de modificación del decreto que el Ministerio de Industria "concrete los plazos de suspensión de los incentivos económicos y del procedimiento de preasignación de retribución", como medida que permita visualizar un marco regulatorio estable y que ofrezca certidumbres al sector para que no nos pase como con las fotovoltaicas, donde el anterior Gobierno socialista cambió las reglas del juego a mitad de partido y además lo hizo con efecto retroactivo; así como que "desarrolle cuanto antes el denominado balance neto de electricidad", por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia; algo que permitirá a los particulares descontar lo que produzcan de sus facturas de la luz y, al mismo tiempo, impulsará la existencia de nuevas empresas en este sector emergente.
Además, le plantea que "establezca reglamentariamente un régimen económico específico para proyectos de instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología solar termoeléctrica de carácter innovador, de alta eficiencia energética y de eficiencia en costes que se desarrollen en el ámbito de la comunidad autónoma de Extremadura"; que el Gobierno "colabore para facilitar y agilizar la tramitación de proyectos a mercado", es decir, aquellos que no precisan de primas, especialmente las fotovoltaicas; y que "establezca reglamentariamente un régimen económico específico para instalaciones de régimen especial de tecnología biomasa y cogeneración" que se desarrollen en la región.
Echávarri señala que "no va a ser fácil" que estas peticiones salgan adelante, pero "no podemos dejar pasar este tren y no nos vamos a rendir", por lo que, como hoy, "seguiremos defendiendo los intereses de Extremadura", esté quien esté en el Gobierno central.
En esa defensa cuenta con el apoyo de IU, que tacha la medida del ministerio de "decretazo real" y que tiene "muchas dudas" de que los planteamientos del consejero lleguen a buen puerto, indica el portavoz de IU-V-Siex, Pedro Escobar, que aboga por presentar una enmienda a la totalidad.
En este mismo sentido se expresa el diputado socialista Antonio Rodríguez Osuna, para el que el consejero ha hecho esta mañana en el pleno "un papelón de reparto", ya que mientras intervenía en la tribuna, el ministro de Industria "ha dicho que no va a haber plazos, que no se va a tramitar como proyecto de ley y que no hará excepciones a ninguna comunidad autónoma".
A su juicio, el real decreto supone "un expolio" para la región, y considera que si no se puede retirar, "por lo menos que se tramite como proyecto de ley", para lo que la Junta sí contaría con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista.
FUENTE: PERIÓDICO DE EXTREMADURA.
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