El anteproyecto de Ley Orgánica de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, que el Gobierno presentará
hoy a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), pretende
que el 92,1% de los 6.797 ayuntamientos de municipios con menos de
5.000 habitantes pierdan a partir del 1 de enero la gestión de los
servicios que prestan a diario; es decir, residuos, limpieza viaria,
abastecimiento de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de
población y pavimentación de calles.
Estos 6.260 consistorios intervenidos, que suponen el 77%
de los 8.116 poblaciones de España, cederán estas competencias a las
diputaciones provinciales a partir de esa fecha. Fuentes de Hacienda y
Administraciones Públicas justificaron la drástica decisión por la
«ineficiencia» de estos ayuntamientos que, según los cálculos del
Ministerio, pagan hasta tres veces más por un mismo servicio que un
municipio de más de 100.000 habitantes. Hacienda ha utilizado el
denominado «coste estándar» para hacer el cálculo y de esa forma el
Gobierno tiene un criterio común para todos los municipios en cuanto al
precio de prestación de esos servicios básicos. Se ha tenido en cuenta
además la densidad, dispersión o envejecimiento poblacional, entre otras
variables.
De acuerdo a esta evaluación, los ayuntamientos de más de
cien mil habitantes pagan 445,4 euros de media por habitante por los
servicios, mientras que los de menos 5.000 vecinos invierten 1.219,9
euros por las mismas prestaciones. Las diputaciones, además de
proporcionar el servicio, serán las encargadas de cobrar las tasas a los
ciudadanos, «que serán menores de las que abonan en la actualidad»,
según un portavoz de Hacienda.
La insuficiencia financiera no es patrimonio exclusivo de
los pueblos pequeños. Más de 400 ciudades de más de 20.000 habitantes
también superan el coste estándar. La diferencia es que en estos
consistorios se aplicará la ley de Estabilidad Presupuestaria, que
posibilita al Gobierno a multar y hasta intervenir las administraciones
incumplidoras.
Los consistorios con menos de 5.000 vecinos podrán
recuperar la prestación de servicios en un plazo de cinco años, siempre
que presenten un plan de viabilidad. El Gobierno confía, además, en que
«muchos» de los ayuntamientos que corren el riesgo de ser intervenidos
el 1 de enero puedan revertir la situación en los siete meses que restan
para finalizar el año.
La mayoría de las corporaciones pequeñas tiene alcaldes
socialistas y nacionalistas en Cataluña y País Vasco, y en menor medida
Galicia, e independientes de plataformas vecinales. El PP tiene pocos
ediles en las poblaciones pequeñas y en el partido reconocen que su
escasa presencia en estos municipios es uno de sus flancos débiles.
Hacienda no entró en ese tipo de consideraciones y defendió
que se trata de una reforma «profundamente municipalista» que beneficia
a los ciudadanos. De hecho, las fuentes consultadas subrayan que el
Gobierno descartó la eliminación de los ayuntamientos de municipios con
menos de 5.000 habitantes, tras haberlo sopesado en un principio. El
Ejecutivo niega que las corporaciones que cedan su capacidad de gestión
vayan a quedar huérfana de funciones porque «mantienen intactas sus
competencias políticas».
Tormenta política
El PSOE se opone a la reforma porque supondrá la pérdida
del orden de 250.000 empleos directos y ha anunciado que la recurrirá
ante el Tribunal Constitucional. Pero también puede levantar una
tormenta política en el PP. De hecho, el presidente de la FEMP y alcalde
de Santander, el popular Íñigo de la Serna, se entrevistó ayer con
Montoro, en vísperas de que se reúna la Comisión Nacional de
Administración Local, de donde tiene que salir el texto que estudiará el
Consejo de Ministros y que el Gobierno quiere aprobar antes de junio.
Fuentes de la FEMP mostraron sus dudas respecto al texto
del Ejecutivo porque «es muy similar al que hemos presentado muchas
alegaciones», que, a su juicio, no han sido recogidas.
