El PP tiró ayer de un pobre argumentario para defender el mayor ataque lanzado en democracia contra los derechos de los trabajadores: “Las manifestaciones no crean puestos de trabajo”. Es un simplismo equivalente a decir que las marchas contra el matrimonio gay no eliminan la homosexualidad, lo que no evita que la derecha las aplauda con entusiasmo. Pero no está el patio para simplismos.
La reforma aprobada por el PP supone dinamitar las relaciones laborales, situando en un plano de total subordinación al trabajador frente al empresario. Estamos, por tanto, ante una imposición ideológica que ataca de forma frontal el artículo 1 de la Constitución, donde se afirma que “España se constituye en un Estado social y democrático de derecho”. Esa definición no debería ser mera palabrería, sino que consagra un modelo de Estado que defiende los derechos sociales de las personas y cuyo texto pionero fue (qué ironía) la Ley Fundamental de Bonn de 1949, principal inspiración de la Carta Magna española. Con el decretazo del viernes, y con los ataques a la sanidad y la educación pública que ejecutan sus presidentes autonómicos, Rajoy está laminando la parte “social” de la definición constitucional.
Hay que denunciar también la enésima mentira de Rajoy, ya que antes de llegar a la Moncloa prometió no abaratar el despido, y el hecho de que la vicepresidenta Santamaría ocultase una parte sustancial del decretazo en su comparecencia del viernes tras el Consejo de Ministros. El Gobierno que siempre iba a decir la verdad se está mostrando como el Gobierno de la mentira.
Manuel Rico
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