La gran mayoría de países
europeos tiene legislaciones que combinan plazos con indicaciones. La
más amplia es Holanda, que garantiza el aborto libre dentro de las
primeras 24 semanas de gestación, y luego los plazos varían entre las 10
semanas de Portugal, los 90 días de Italia, las 12 semanas de Alemania,
Francia, Grecia, Bélgica o Bulgaria, las 14 de Rumanía, o las 18 de
Suecia, que despenalizó el aborto en 1938 en ciertos supuestos y aprobó
la ley de plazos en 1975.
En Finlandia
existe una legislación de indicaciones que permite el aborto hasta las
12 semanas para salvar la vida de la mujer, preservar su salud mental o
por razones económicas o sociales o en caso de violación o incesto. En
la práctica, equivale a una ley de plazos, al no existir negativas a las
mujeres que solicitan la interrupción dentro de este plazo, como
señalan desde la Federación Internacional de Planificación Familiar. En
Reino Unido -menos en Irlanda del Norte, permitido solo cuando hay grave
riesgo para la mujer o malformaciones fetales- la ley permite el aborto
dentro de las primeras 24 semanas por razones de salud, sociales y
económicas.
Todos estos países establecen una serie
de indicaciones más allá de los plazos especificados, ya sea por
malformaciones fetales, diagnóstico de enfermedad particularmente grave,
o serio riesgo para la salud física o psíquica de la mujer. Muchos de
estos supuestos son los que contempla la actual Ley de Salud Sexual y
Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que entró en
vigor en 2010.
Los estados europeos con leyes más restrictivas son Malta, Irlanda y Polonia.
En el primero está prohibido en cualquier circunstancia. En el segundo,
una sentencia de 1992 del Tribunal Supremo permitió el aborto cuando
existiera un grave riesgo de suicidio en la mujer embarazada, pero en la
práctica las interrupciones voluntarias del embarazo en Irlanda son
casi inexistentes, a pesar de que cerca de 4.500 irlandesas abortaron en
2010 en Reino Unido, según los últimos datos recogidos por el
Ministerio de Sanidad del país vecino. El pasado martes, el Gobierno
irlandés aprobó el borrador de una nueva legislación que permitiría el
aborto cuando dos médicos certifiquen que la única manera de salvar la
vida de la mujer es practicando la intervención y cuando un ginecólogo o
un obstetra y dos psicólogos certifiquen que existe un riesgo de
suicidio.
Estos cambios legislativos llegan tras una
condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por falta de claridad
en la legislación irlandesa y, sobre todo, a raíz del caso de Savita
Halappanavar, una mujer embarazada de 17 semanas que murió el pasado
diciembre de septicemia después de que le negaran realizarle un aborto.
El borrador de la nueva ley también incluye una rebaja de las penas de
cárcel tanto para el profesional que realiza la intervención prohibida
en la ley como para la mujer: de la cadena perpetua actual se rebaja la
condena a los 14 años de cárcel.
En Polonia solo
está permitida la interrupción voluntaria del embarazo en caso de
anomalías fetales, riesgo extremadamente grave para la salud de la madre
y violación. Pero en la práctica, según denuncian desde la Federación
de Planificación Familiar polaca, las mujeres tienen serias dificultades
para abortar. En 2009, el Gobierno registró apenas 538 abortos legales.
En la organización calculan que se producen entre 80.000 y 200.000
interrupciones fuera de la ley cada año, y que muchas mujeres viajan a
Alemania o República Checa para poder abortar. Polonia tiene también dos
condenas de la Corte de Estrasburgo por dificultar el acceso a la
interrupción voluntaria del embarazo. Hace dos años, una iniciativa
ciudadana que reclamaba “la protección de la vida humana desde el
momento de la concepción”, y que en la práctica prohibiría todos los
abortos, llegó al Parlamento pero finalmente no se convirtió en ley.
En Estados Unidos,
donde una sentencia del Tribunal Supremo de 1973 garantiza el derecho
al aborto durante el primer trimestre, fallos posteriores han permitido
que los estados aprueben regulaciones propias al respecto. Algunas de
ellas son muy restrictivas, como la aprobada el pasado marzo en Dakota
del Norte, que prohíbe el aborto en cuanto se detecta el latido del
feto, que puede ser en torno a las seis semanas. Las mujeres no irán a
la cárcel, pero los médicos que realicen las interrupciones pueden
enfrentarse hasta a cinco años de cárcel.
La semana pasada, el presidente de EEUU, Barack Obama, criticó duramente estás leyes restrictivas durante un discurso
ante la conferencia anual de la Federación de Planificación Familiar
Americana, el primero de un presidente en activo ante la organización.
“Después de décadas de progreso hay quienes quieren hacer retroceder el
reloj a políticas más adecuadas a la década de 1950 que del siglo XXI”,
señaló, para defender a continuación el derecho de las mujeres a
decidir: “Después de que el Tribunal Supremo declarara constitucional
vuestro derecho a decidir, no deberíamos recordar a la gente que cuando
se trata de la salud de las mujeres, ningún político debería decidir qué
es lo mejor para vosotras”.
La zona de América Latina y el Caribe
tiene la tasa mundial más elevada de abortos inseguros (31 por cada
1.000 mujeres), seguido de cerca por el continente africano (28), según
los últimos datos publicados
por la Organización Mundial de la Salud, que concluye que donde las
leyes son más restrictivas, las tasas de interrupciones inseguras son
más altas. En Latinoamérica solo Cuba, Guayana, México DF, y muy
recientemente Uruguay, tienen legislaciones que permiten el aborto libre
dentro de un número determinado de semanas de gestación, que varía
entre las 12 y 14.
En Colombia existe desde 2006 una
legislación de supuestos que permite el aborto en caso de que corra
peligro la vida o salud de la mujer, de que exista malformación fetal
incompatible con la vida y cuando el embarazo es fruto de una violación o
abuso. En Brasil o Argentina sólo es posible en caso de violación y de
peligro para la vida de la gestante. Y en Chile, Honduras, República
Dominicana, Nicaragua y El Salvador está prohibido en cualquier caso.
En este último país, una mujer de 22 años, embarazada de 20 semanas, y
cuya vida corre serio peligro si sigue adelante con el embarazo, espera
el fallo del Tribunal Constitucional para poder abortar.
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